¿Cómo acercarnos a la economía popular?

Findeter presenta, en su boletín Contexto Económico, una aproximación a la economía popular y cuantifica su magnitud en Colombia.

Una de las grandes apuestas del Gobierno nacional en materia social y económica es apoyar el desarrollo de los actores y actividades de la Economía Popular (EP). Para tal efecto, el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 indica que el impulso a la economía popular “parte de una comprensión de sus dinámicas intrínsecas”. En esa perspectiva, desde Findeter queremos hacer una aproximación al concepto de economía popular y cuantificar un universo de análisis que explique su magnitud en Colombia. Lo anterior teniendo como referencia la acción estratégica de la Banca de Desarrollo Territorial como socio del Gobierno nacional en los procesos de inclusión crediticia, particularmente desde los territorios.

Para el Gobierno nacional, la EP hace referencia “a los oficios y ocupaciones mercantiles (producción, distribución y comercialización de bienes y servicios) y no mercantiles (domésticas o comunitarias) desarrolladas por unidades económicas de baja escala (personales, familiares, micronegocios o microempresas) en cualquier sector económico”. En este entendido, las unidades de la EP se caracterizarían más por su tamaño, en términos de ingresos, margen o número de empleados, que por su situación frente al cumplimiento de la normatividad empresarial y laboral (inscripción en el RUT, Cámara de Comercio o afiliación al sistema de seguridad social, por ejemplo).

Consistente con las características arriba mencionadas, Pulecio (2013) aporta elementos adicionales de análisis indicando que “lo específico de las unidades de la economía popular es que tienen alguna deficiencia para competir pues utilizan mano de obra precariamente calificada, estructuras de gestión empresarial ineficientes, o tecnología de segunda o tercera calidad, y sobre todo se trata de unidades productivas que no acceden al capital, al crédito y entonces tienen que recurrir al llamado “gota a gota”, al crédito personal y familiar, o excluirse de las posibilidades de crecer”.

Además de no integrarse al marco normativo laboral y tributario vigente, las unidades de la economía popular se caracterizarían principalmente por estar excluidas de los circuitos formales del crédito debido a su tamaño y dinámica económica (economía de baja escala). En ese entendido, y desde el punto de vista analítico, la EP podría entenderse entonces como un subconjunto de la economía informal.

Definidas las características básicas de lo que se puede asimilar a las unidades de la EP, cabe preguntarse por su peso dentro del contexto económico nacional. Para esto se toma como universo de análisis la Encuesta a Micronegocios (Emicron) del DANE por tratarse de un ejercicio que recoge la dinámica de establecimientos con máximo nueve personas ocupadas. Se asume que las unidades con pocas personas ocupadas son aquellas que presentan economías de baja escala. Con base en un ejercicio de expansión muestral realizado a partir de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE, la Emicron indica que, al primer trimestre de 2023, el país cuenta con 3,4 millones de micronegocios con ingresos trimestrales por COP 30,4 billones y 4,4 millones de personas ocupadas.

Sin embargo, no todos los micronegocios de la Emicron pueden ser considerados como unidades de la EP. En efecto, teniendo en cuenta el criterio de clasificación por el número de personas ocupadas, cabe simultáneamente en la clasificación del DANE aquella empresa de consultoría internacional, como aquel comerciante que vende mercancías en el espacio público.

A la luz de la aproximación conceptual cuya variable de interés es el acceso al crédito formal y con base en la información de la 2021, el Sistema de las Naciones Unidas en Colombia desarrolló el Índice Multidimensional de Robustez de los Micronegocios (Imicro). Este índice clasifica los micronegocios DANE como robustos o débiles de acuerdo con nueve atributos: contabilidad, ahorro y crédito, canales de pago, conectividad, digitalización, equipos, RUT y registro en Cámara de Comercio, remuneración de empleados y formalidad del propietario. Según este estudio, la robustez de los micronegocios está dada por las perspectivas de “aumento de las ventas por trabajador a lo largo del tiempo” en función de los atributos analizados (perfiles de carencia. A menor nivel de carencia de atributos, mayor la probabilidad de que el negocio sea clasificado en la categoría de robusto.

Los resultados del índice de robustez indican que en 2021 el 66,9% de los micronegocios DANE en el país son débiles, con un perfil de carencias del 85,4%. Nótese que para micronegocios robustos los niveles de carencia en ciertos atributos pueden ser elevados (digitalización 88%, equipos 83,8%, formalidad del propietario 80%, por ejemplo).

El atributo denominado ahorro y crédito mide la capacidad del micronegocio para proyectarse en el mediano y largo plazo, buscar inversión y controlar sus finanzas. El estudio del sistema de las Naciones Unidas indica que para 2021, el 65,7% de los negocios robustos y el 77% de los débiles “solicitaron un crédito y se lo negaron o no ahorraron en ese año”.

En el entendido que las unidades de la economía popular se caracterizan por ser de baja escala (bajo número de ocupados) y no tener acceso al crédito formal, se podría asumir en un ejercicio de extrapolación que el número de unidades de la EP estaría comprendido en un rango entre 2,23 y 2,61 millones de unidades para el primer trimestre de 2023. Este resultado se obtiene al multiplicar el número total de micronegocios de la Emicron del primer trimestre de 2023 (3,4 millones) por el porcentaje de carencia de los micronegocios débiles y robustos del atributo de ahorro y crédito.

El estudio realizado por el Sistema de las Naciones Unidas sobre la base de la Emicron 2021 pone en evidencia la magnitud de la actividad asociada a la economía popular en Colombia. Muestra además que los micronegocios débiles se concentran en mayor proporción en las actividades asociadas a la ganadería, caza, silvicultura y pesca, y en las zonas rurales. Un sólido programa de garantías del Gobierno nacional y descentralizado para respaldar créditos de las unidades de la EP constituye una oportunidad avanzar en la inclusión crediticia particularmente en los territorios y el desarrollo de mejores condiciones productivas y de ingreso.

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