Eficiencia energética y energías renovables

La eficiencia energética es una de las estrategias más costo efectivas para la mitigación del cambio climático, además de promover la productividad y competitividad de los sectores, y contribuir a la seguridad energética del país. Avanzar en este campo permitirá cumplir los compromisos ambientales que Colombia adquirió en el marco de la COP21. La implementación de buenas prácticas, la adopción de nuevas tecnologías y de sistemas de gestión integral de la energía, puede representar ahorros de consumo entre el 5% y el 50%.

La “transición energética” que se ha convertido en el tema central de los debates sobre el futuro de la energía, especialmente desde que 196 países se comprometieron en los acuerdos de París del 2015 a evitar que la temperatura global aumente 2 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales y a hacer los mejores esfuerzos para limitar el aumento alrededor de 1,5 grados.

El documento base que se publicó hace un recorrido por los tratados internacionales en esta materia, a nivel local, se analizan los CONPES que encierran la política pública, lo mismo que lo contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo. Se hace un resumen de la actualidad del sector y las proyecciones de la demanda de energía, así como lo que ha sido la gestión del Ministerio de Minas y las medidas de eficiencia energética que se han propuesto para cada subsector. Finalmente se desarrolla la estrategia nacional de movilidad eléctrica, la descripción de las FNCER según la Ley 1715 de 2014 y lo que se propone con la matriz de transición energética para 2030.Se describen las 1025 empresas de energía en Colombia, entre energía, gas y GLP, así como su distribución en cada subsector.

Durante la Cumbre para la Tierra realizada en 1992, el sistema de las Naciones Unidas realizó la Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMNUCC) como primer paso para afrontar la estabilización de las concentraciones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático. En el Protocolo de Kyoto en 1995, con 192 países miembros, se obliga jurídicamente a los países desarrollados que son miembros para cumplir unas metas de reducción de emisiones. Posteriormente en el Acuerdo de Paris, el objetivo es reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático manteniendo el aumento de la temperatura mundial en este siglo por debajo de los 2˚C, con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir con los esfuerzos para limitar aún más el aumento de la temperatura a 1,5˚C. De igual forma, en septiembre de 2000, 147 países se dieron cita para establecer los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La Agenda al 2030 incluye una amplia gama de temas, centrados en seis elementos principales: dignidad, personas, planeta, prosperidad, justicia y asociación. Los principales documentos CONPES de política pública en esta materia son el 3934, que formula las recomendaciones para lograr una política de crecimiento verde, en donde se propone un crecimiento de la economía sin degradar y agotar la base de los recursos naturales y controlar los altos costos para el medio ambiente y la sociedad. Por su parte, el CONPES 3943 contiene la política para el mejoramiento de la calidad del aire y reducir las concentraciones de contaminantes en el aire a través de la renovación y modernización del parque automotor, la reducción del contenido de azufre en los combustibles, la implementación de mejores técnicas y prácticas en la industria, la optimización de la gestión de la información, el desarrollo de la investigación, el ordenamiento del territorio y la gestión del riesgo por contaminación del aire.

El Plan Nacional de Desarrollo promueve estas políticas de sostenibilidad y mitigación del cambio climático, promoviendo el uso eficiente de los recursos, la reconversión de actividades hacia procesos limpios y bajos en carbono e impulsar las energías renovables son convencionales.

El mercado energético colombiano se encuentra a la expectativa de los resultados del proyecto Hidroituango. Existe en el país contratos que sostendrían la producción nacional que es de un 21.7%, para satisfacer la demanda hasta el año 2037, mientras que el promedio internacional está en el 35%.  

En energía eléctrica, el sistema interconectado nacional reporta un nivel agregado de embalses del 87%, dato importante si tenemos en cuenta que la mayor parte de energía es generada por hidroeléctricas, con un 76%. En el mes de diciembre de 2022 la generación de electricidad promedio alcanzó un valor de 213.7GWh-día, mientras la demanda en el mismo mes fue de 208GWh-día. Los resultados a mediano plazo indican que la demanda de energía eléctrica entre 2022 a 2036 podría tener un crecimiento promedio año entre el 2,22% y el 3,33%. En promedio, cada mes la demanda crece 0,05%.

Para el mes de diciembre de 2022 las nominaciones de gas natural disminuyeron mensualmente 26,1% e interanual 24,1%, ubicándose en 598,6 GBTUD, comportamiento que se refleja en la energía inyectada y tomada del Sistema Nacional de Transporte (SNT). La demanda total de gas natural en diciembre de 2022 fue de 1046,7 GBTUD. Se estima que el consumo proyectado de gas natural presente una tendencia creciente moderada, con un crecimiento promedio anual esperado de 0,50%, el cual podría variar en un rango de entre 0,11% y 2,25%.

La actividad Minero-Energética fue la segunda que más contribuyó con el crecimiento económico colombiano en 2021 con un incremento de 1,8%, después de comercio con 2,4%, excluyendo transporte que aportó el 17,1% de la variación positiva que tuvo el PIB.

El Ministerio de Minas implementó el Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PROURE) que es un lineamiento de política pública para promover el mejor uso de los recursos energéticos. El PAI-PROURE 2022-2030 tiene como visión a 2030 reducir la brecha tecnológica en el uso de la energía mediante la adopción de medidas, dispositivos y equipos costo eficientes. Su apuesta es que la reconversión tecnológica del sector energético sea parte fundamental de su transformación y, por ende, del desarrollo sostenible de Colombia.

Las medidas de eficiencia energética propuestas para cada sector pasan por buenas prácticas, cambio tecnológico, aprovechamiento de energía, y digitalización, en los sectores residenciales, transporte, industria, sector terciario, sector termoeléctrico, sector de hidrocarburos, sector minero, y de la construcción sostenible. Estas medidas, se estima que los costos potenciales pasan los $170 billones, en los próximos 10 años, y representan 1.8% del PIB. El Gobierno cuenta con el Fondo FENOGE, cuyo propósito es financiar, gestionar y ejecutar planes, programas y proyectos de eficiencia energética y el uso de FNCR. Los recursos del FENOGE provienen del recaudo de cuarenta centavos ($0,40) por cada $1,90 por kilovatio hora que sea despachado en la Bolsa de Energía Mayorista. Otras fuentes de financiación son Bancóldex, Findeter, Enterritorio, Asobancaria, etc.

La Superintendencia Financiera desarrolló un sistema para “descarbonizar la cartera” del sistema financiero, una propuesta denominada “Taxonomía Verde” que consiste en un sistema de clasificación de actividades económicas y de activos que contribuyen al logro de los objetivos y compromisos ambientales del país, en proyectos que financien energías renovables no convencionales, movilidad eléctrica y proyectos de eficiencia energética en el futuro.

También se cuenta con la estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica, que reconoce la tendencia mundial en movilidad eléctrica, y busca acelerar su penetración en Colombia para que permita, de manera proactiva, reducir emisiones en el sector transporte y usar de una forma eficiente y racional la energía, en beneficio de una mejor calidad de vida de los colombianos.

Las FNCER (Fuentes No Convencionales de Energía Renovable), de que trata la Ley 1715 de 2014, buscan promover su desarrollo y utilización en sistemas de almacenamiento y uso eficiente de la energía, principalmente aquellas de carácter renovable, en el sistema energético nación, mediante su integración al mercado eléctrico, su participación en las zonas no interconectadas, en la prestación de servicios públicos domiciliarios, en la prestación del servicio de alumbrado público y en otros usos energéticos como medio necesario para el desarrollo económico sostenible, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la seguridad de abastecimiento energético, para lo cual ofrece beneficios en impuestos de renta y exclusión del impuesto a las ventas IVA. Se consideran FNCER la biomasa, los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos (PCH), la eólica, la geotérmica, la solar y los mares. Además, la Ley de Transición Energética estableció como FNCE a otras fuentes como el hidrógeno verde y el hidrógeno azul.

La “transición energética” consiste en la transformación de sus sistemas energéticos. Las direcciones de la política son claras: aumentar la participación de las energías renovables no convencionales de menos del 1% a más de 12% en la matriz energética para el 2022; elevar su objetivo de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del 20% al 51% para 2030; y hacer de la “reactivación sostenible” la fuerza que impulsa su estrategia de recuperación económica.

En 2019, las emisiones contabilizadas por el sistema de monitoreo del Ministerio de Minas y Energía visibilizaron valores entre los 32 y 34 millones de toneladas de CO2 equivalente, de los cuales el 12% están asociadas a la extracción de carbón, el 5% al proceso de producción de coque, 32% a la generación de energía en el SIN (Sistema Interconectado Nacional), 1% a la generación de energía en las ZNI (Zonas No Interconectadas) y el 49% a los procesos de extracción, almacenamiento, transporte y tratamiento de hidrocarburos.

Los desembolsos de Findeter en el sector de energía, durante el periodo enero de 2022 a febrero 10 de 2023, ascienden a $549.563 millones. De este total se desembolsaron en crédito directo $25.200 millones y $524.363 millones en crédito de redescuento. Los negocios potenciales en este mismo periodo en poder de la fuerza comercial, en sus etapas finales de trámite y desembolso suman $1.3 billones, de los cuales la regional noroccidental tiene $516.900 millones, seguido de pacífico con $488.000 millones y eje cafetero con $222.800 millones.

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