Minhacienda
POR LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
DE LAS REGIONES
Por: José Manuel Restrepo
Ministro de Hacienda y Crédito Público
Uno de los grandes desafíos que nos propusimos con la Ley de Inversión Social fue reactivar la economía de las regiones. Se trata de un reto que implica un compromiso de apoyo y acompañamiento a las entidades territoriales, en distintos frentes, de cara a la recuperación económica.
El Decreto
678 de2020
permitió un incremento de 16% en la capacidad de adquirir deuda por parte de departamentos y municipios.
Con la reforma se espera un incremento en los ingresos fiscales, principalmente por el aporte solidario de las empresas y la estrategia de lucha contra la evasión, medidas con las cuales pretendemos recaudar 1,2 % del PIB a partir de 2023. Esto permitirá mayores ingresos para los territorios, que se pueden distribuir vía Sistema General de Participaciones, y será, precisamente, uno de nuestros caballitos de batalla para lograr la reactivación territorial, toda vez que permitirá recursos por $2,7 billones en promedio para 2022-2032, dirigidos a educación, salud, agua potable y propósito general.
Otro de los gruesos de esta ley, y que también le apunta directamente al desarrollo territorial, es la flexibilización del acceso a créditos de tesorería por parte de los entes territoriales, con el objeto de darles liquidez, para que así cuenten con recursos adicionales con fines de reactivación.
Todo este ejercicio significa la continuidad del Decreto Legislativo 678, que permitió facilitar el tipo de acceso a recursos por parte de los entes territoriales. En este sentido, incluimos la extensión de algunas medidas de esta norma, que se estableció durante la pandemia. Y es que, en el marco de la declaratoria de emergencia, este decreto permitió, entre otros aspectos, dotar de margen de maniobra financiera a los Gobiernos territoriales vía deuda pública: por un lado, mediante la ampliación del plazo y el monto de los créditos de tesorería para suplir necesidades de liquidez y, por otro, aumentando temporalmente el límite de sostenibilidad de la deuda establecido por la Ley 358 de 1997 (de 80 % a 100 % de la relación deuda sobre ingresos corrientes).
Aquí vale la pena destacar que, según cálculos de la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sin la ampliación del límite señalado, la capacidad de adquirir nueva deuda por parte de departamentos y municipios se habría reducido en un 16 %. No obstante, el Decreto 678 de 2020 permitió un incremento de 16%, de tal manera que el margen de deuda adicional de las administraciones centrales territoriales es equivalente a 3% del PIB.
En este orden de ideas, y dada la extensión de los impactos económicos de la pandemia, se consideró pertinente extender la vigencia de los créditos especiales de tesorería y la ampliación del límite de deuda hasta 2023. Así mismo, se ajustarán las condiciones para la contratación de deuda que supere el límite de 100 %, empleando para ello las notas de bajo riesgo crediticio que se derivan de las calificaciones de riesgo. De esta forma, se puede avanzar en la ejecución de los proyectos de inversión contenidos en los planes de desarrollo de las entidades territoriales y convertirse en un actor determinante en materia de reactivación económica.
Esta serie de medidas van acompañadas de otro eje de recuperación que incluimos en la Ley de Inversión Social y que también contribuye a la dinamización económica regional. Se trata del financiamiento del déficit operacional derivado de la pandemia de sistemas integrados de transporte masivo. Así, con el fin de sanear las finanzas de los operadores de transporte, se hará uso de recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia 2021 como vehículo para cofinanciar hasta 50% de sus respectivos déficits operacionales ocasionados por la situación sanitaria. De esta manera se asegurará la continuidad en la prestación del servicio de transporte y se acelerará la recuperación de la situación financiera de los sistemas integrados de transporte masivo que se han visto afectados por la emergencia.
Básicamente, el otorgamiento de recursos del PGN para mitigar el déficit operacional de los sistemas integrados de transporte contribuirá a una mejor focalización del gasto público. Además, ayudará a consolidar una infraestructura de equidad en un marco de sostenibilidad de las finanzas públicas, puesto que facilitará el desplazamiento de la población vulnerable para ejecutar actividades productivas que impulsarán el desarrollo de diversos sectores de la economía, además de permitirles generar el ingreso necesario para cubrir necesidades básicas y mantener niveles adecuados de calidad de vida.
Quiero destacar el tema del gasto público y cómo las iniciativas en este aspecto, incluidas en la Ley de Inversión Social y sumadas a los recursos del Sistema General de Participaciones, llevarán a que el gasto social se incremente en los próximos años y nos permita atender las necesidades de los territorios.
Y es que, con esta ley, alrededor de 50% de los hogares colombianos se beneficiará a través de programas sociales, entre los que se destaca Ingreso Solidario, que irá hasta diciembre de 2022 y llegará a más de cuatro millones de hogares a partir de abril de 2022.
Otros programas para resaltar dentro de la norma, y que sin duda beneficiarán a los territorios, son el subsidio de 25% de un salario mínimo para los jóvenes de 18 a 28 años, y un subsidio equivalente a 10% de un salario mínimo para el resto de la población que gane hasta tres salarios mínimos. También sobresale el apoyo a la nómina a través del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) y mayores recursos para el pago de la matrícula para 695.000 estudiantes de pregrado de instituciones de educación superior pública en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica.
Así las cosas, con estos programas, sumados a las otras medidas incluidas en la Ley de Inversión Social, sacaremos adelante las regiones, resolviendo todas sus necesidades de salud, educación, sistemas integrados de transporte y agua potable, entre otras, con uno de los objetivos más importantes que tenemos: reactivar la economía en el marco de una norma equitativa que proteja a los más vulnerables y, al mismo tiempo, estabilice las finanzas públicas, no solamente en el contexto nacional, sino también en el regional.
Con los diferentes programas diseñados por el Ministerio, sumados a las otras medidas incluidas en la Ley de Inversión Social, sacaremos adelante las regiones, resolviendo todas sus necesidades de salud, educación, sistemas integrados de transporte y agua potable, entre otras.